He visto y escuchado últimamente varias justificaciones de la intervención del Estado para proveer ciertos bienes públicos, sosteniendo que sin el Estado no existirían dichos bienes por la presencia de free-riders o gorrones. Hilo corto. 🧵
El fenómeno del free-rider ha sido sobredimensionado. Lejos de ser un problema grave, su conducta es económica, legal y ética: no viola derechos, no impone costos ni consume bienes económicos en sentido estricto.
El oportunismo está en la naturaleza humana. Aprovechar externalidades positivas forma parte del progreso. Disfrutar sin pagar no es inmoral si no hay contrato ni perjuicio: heredar, aprender gratis o beneficiarse del entorno no es parasitismo.
Jurídicamente, el free-rider no comete infracción alguna. No roba, no viola propiedad, no hay relación contractual obligante. Ser beneficiario indirecto no equivale a eludir ni evitar pago alguno si jamás fue exigido.
Incluso desde una perspectiva ética, el free-rider no merece reproche. La moralidad no puede depender del carácter “merecido” del beneficio: ¿también serían injustos la lotería, la herencia o la belleza natural?
Identificar al free-rider es problemático. Las externalidades son subjetivas, dinámicas, graduales y recíprocas. Lo que beneficia a uno puede perjudicar a otro. Solo cada individuo puede evaluar el impacto real.
Ejemplo: la seguridad contratada por un vecino puede beneficiar a otro… o molestarlo con alarmas nocturnas. ¿Sigue siendo una externalidad positiva? Solo el receptor puede juzgar su experiencia, no el Estado ni el economista.
Las externalidades no son homogéneas: varían en tipo, intensidad y duración. Cambian con el tiempo y dependen de la situación específica de cada agente. Una misma acción puede generar beneficios y perjuicios simultáneamente.
¿Consume el free-rider bienes económicos? No según la definición de Menger. Si no tiene poder de disposición sobre el objeto, no hay bien. Seguridad, lluvia o Wikipedia no cumplen todos los requisitos… solo se disfrutan si están disponibles.
El free-rider es un consumidor en precario. Depende de otros y de contextos que no controla. Puede perder el beneficio sin saberlo, y no tiene garantía ni control sobre lo que “usa”. Su situación no requiere corrección estatal.
La solución estatal al free-rider suele ser peor que el supuesto problema. Se impone gasto público para producir lo “socialmente deseable”, pero muchos pagan sin disfrutar nada —o incluso salen perjudicados.
Ejemplo: fuegos artificiales. El ayuntamiento los financia con impuestos. Pero muchos vecinos no los ven, no pueden desplazarse o ni siquiera están presentes. ¿Fue justo el gasto? ¿Hubo eficiencia real?
La exclusión no es legal, sino económica: quien no puede acudir, queda fuera. Se produce una transferencia de utilidad coactiva. Aumenta el gasto, pero no el bienestar. Y además persisten los free-riders (visitantes, turistas, inactivos…).
Incluso servicios como defensa, justicia o seguridad podrían existir sin Estado. Sistemas descentralizados, voluntarios, en competencia, pueden surgir si hay demanda. Solo el mercado revela qué necesitan realmente los ciudadanos
El único mérito que tengo en este hilo es haber resumido lo aprendido de las lecturas de Carl Menger, Hans-Hermann Hoppe, Murray Rothbard, José Hernández Cabrera, Daniel Carreiro, Miguel Anxo Bastos y otros grandes economistas y politólogos.